FAJ reclama al Congreso suspensión definitiva del aumento a la tarifa del transporte urbano

H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Los suscritos, ciudadanos mexicanos que firmamos al calce del presente ocurso, integrantes de diversas organizaciones sociales, populares y estudiantiles representadas en el Frente Amplio de Jalisco, señalando como domicilio para recibir notificaciones las oficinas marcadas con el número 606 de la calle Independencia, de la Ciudad de Guadalajara, y haciendo uso de los derechos que nos confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia del Estado de Jalisco, acudimos ante ese H. cuerpo legislativo, para solicitar atentamente su inmediata intervención a efecto de que se dicte la Revocación definitiva o en su caso la suspensión indefinida del reciente Acuerdo adoptado por la Comisión de Tarifas que autoriza el aumento de tarifas del transporte público de pasajeros en su modalidad de colectivo y masivo
o se instruya al Gobernador del Estado, por causa de interés público y  social, la inmediata modificación de las tarifas acordadas del transporte público de conformidad con el Artículo 143 quater de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco; reclamo que sustentamos en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

PRIMERO. Con fecha 14 de agosto del presente se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el Decreto Número 24084/LIX/12 de reformas aprobadas por esta H. Asamblea legislativa que reformó, adicionó y derogó diversos artículos y disposiciones de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, entre ellos la derogación de la fracción XIV del artículo 19 de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, retirando al C. Gobernador del estado de la Comisión de Tarifas, pero adicionando, a su vez, el artículo 143 quater que le otorga la facultad de modificar las tarifas en todo momento por causa de interés público y social.

SEGUNDO. Inmediatamente a la publicación de dicho Decreto, el 15 de agosto del presente en una atropellada convocatoria se reunió la Comisión de Tarifas del Transporte Público, presidida por el C. Secretario de Vialidad e integrada principalmente por los representantes de los permisionarios y dueños de los camiones urbanos que han venido lucrando desde hace años con el servicio, además de empresarios, comerciantes, industriales y dirigentes de las organizaciones sindicales oficialistas involucradas también en el negocio, así como las representaciones de distintos municipios incluidos, con una composición que siempre será favorable a los intereses de los camioneros. La Comisión de Tarifas inmediatamente aprobó el incremento a $6.50 pesos en transporte colectivo de pasajeros urbano en el interior del estado; de $7.00 pesos en el área metropolitana de Guadalajara y $7.50 pesos en Puerto Vallarta.

TERCERO. Para completar el apurado e indebido proceso de aprobación del incremento tarifario, el Gobierno del estado inmediatamente, por la noche, ordenó la publicación del Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el que apareció el 16 de agosto del presente, pretendiendo consumar con ello el ilegítimo y arbitrario incremento a las tarifas del transporte urbano de pasajeros en el estado.

CUARTO. Este proceso fue precedido por amenazas, chantajes y paros del servicio por parte de la Alianza de Camioneros quienes presionaron de forma ilegal e indebida a las autoridades exigiendo el incremento de la tarifa a $8.00 pesos. Peor aún, aprobado el aumento, el representante de la Alianza de Camioneros públicamente anunció la rebeldía de esta empresa a mejorar el servicio y amenazó a que iba a empeorar, invalidando con ello la supuesta justificación del incremento.

QUINTO. A juicio del Frente Amplio, el injusto incremento de la tarifa del servicio de transporte urbano de pasajeros representa una forma más de la antidemocrática imposición de la que es víctima el pueblo y la nación mexicana luego la reciente jornada electoral, pues evidencia un acto en Jalisco de la connivencia de poder y del pago de favores recibidos para la imposición.

SEXTO. La atropellada y desaseada decisión de favorecer al grupo de parásitos asociados en la llamada Alianza de Camioneros, es ilegal también porque no sólo no cubrió los requisitos básicos necesarios de procedimiento que justifiquen la medida, sino porque no fue justificada al omitir un estudio cierto como lo señala la Fracción II del Artículo 141 de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, que exige estudios:

“II. Técnicos, que estarán encaminados a evaluar la calidad del servicio que reciben los usuarios del servicio público de transporte, deberá comprender por lo menos:

“a) La evaluación de la funcionalidad y eficiencia del servicio, considerando la cantidad de usuarios, los horarios de las rutas, el espaciamiento entre unidades y el cumplimiento, tanto de las rutas como de los horarios; y

 

“b) La revisión de la calidad del servicio con base en los lineamientos mínimos impuestos por la Secretaría de Vialidad y Transporte y en los convenios respectivos.” Lo que no ocurre debido al contumaz incumplimiento por parte de los camioneros, sobre todo los agrupados en el monopolio llamado Alianza de Camioneros, quienes prestan un servicio caro, pésimo y denigrante para la población.

En el caso de la justificación financiera que argumenta el Acuerdo, no existe tampoco una investigación real sobre el ingreso de los permisionarios que lucran con la explotación del servicio, ni un arqueo de sus finanzas, ni tampoco tomó en cuenta la violación a la ley cometida por los empresarios que hacen ilegal acaparamiento de concesiones en unas cuantas manos, pues hay que señalar que la Alianza de Camioneros no es una agrupación integrada por propietarios de camiones que los trabajan personalmente. La dirige y explota un breve grupo de individuos que ha controlado, cada uno de ellos, gran número de unidades de transporte, violando la ley y el Reglamento que impide formalmente la concentración y el acaparamiento. En realidad, la Alianza de Camioneros es un anticonstitucional monopolio privado que lucra con la necesidad del pueblo de transportarse.

SÉPTIMO. El antipopular incremento, además de ilegal, es injusto porque no toma en consideración la situación precaria de la economía familiar, de las condiciones de pobreza de la población afectada por la ambición desmedida de los permisionarios; tampoco la desproporción que representa el elevado porcentaje del cobro del trasporte urbano respecto del ingreso de la población trabajadora, que es la que tiene que usar varias rutas para trasladarse a su trabajo.

Por todo anterior, el Frente Amplio de Jalisco manifiesta su rechazo absoluto a esta forma de imposición antidemocrática y antipopular que perjudica la economía popular y violenta el espíritu de la ley, que debe ser del orden público y el interés social. Debe considerarse el transporte urbano público de pasajeros como un servicio público necesario para el desarrollo económico de la región y el bienestar social y no como un negocio lucrativo de particulares, por lo que esta importante actividad debe pasar a manos del sector público como un derecho y atribución más del ejercicio municipal, como lo faculta el artículo 115 constitucional.

Exigimos el respeto a los derechos laborales de los trabajadores del volante, que son víctimas de la despiadada explotación y maltrato por parte de los dueños de los camiones, lo que conlleva a situaciones de angustia y desesperación en el desempeño laboral causados por las jornadas agobiantes y el sistema de explotación por comisión de boletaje, propiciando con ello graves accidentes, muchos de ellos de consecuencias fatales.

Debe crearse un comité ciudadano que vigile y califique el manejo del servicio de transporte público de pasajeros en todos sus aspectos y la revisión de tarifas.

 

Así mismo, por justicia social, reclamamos se exente del pago del precio del pasaje a los adultos mayores, los discapacitados y los estudiantes.

Consideramos que la solución de fondo es la creación del Instituto Metropolitano del Transporte Urbano, que agrupe en una sola empresa estatal todo el servicio, y que el costo del pasaje sea cubierto de manera tripartita en porcentaje igual por el usuario, el Estado y los patrones que son los beneficiados siempre con el mejoramiento del servicio, con un mecanismo de financiamiento semejanza al del Seguro Social.

Por tales motivos, de ese H. Congreso del Estado

PEDIMOS:

UNO. Se Revoque de manera definitiva o en su caso se dicte la suspensión indefinida del reciente Acuerdo adoptado por la Comisión de Tarifas que autoriza el aumento de tarifas del transporte público de pasajeros en su modalidad de colectivo y masivo,

DOS. En el respeto de la división de Poderes, se acuerde instruir al Gobernador del Estado la inmediata modificación de las tarifas acordadas del transporte público por causa de interés público y  social de conformidad con el Artículo 143 quater de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco.

TRES. De conformidad con el Artículo 137, fracciones  XII y XIII, por violaciones a la ley y el reglamento y por exigirlo el interés público, se ordene la revocación de concesiones a los permisionarios que indebidamente las detentan, y se adopten las medidas legales necesaria para convertir el servicio de transporte urbano de pasajeros en un servició publico municipalizado.

Atentamente,

Guadalajara, Jal., a 23 de agosto de 2012.

Por el Frente Amplio de Jalisco

Los ciudadanos que suscriben: